A PESAR DE LOS ÚLTIMOS EMBATES CONTRA ESTA PRÁCTICA LOS PUEBLOS INDÍGENAS CONTINÚAN SIENDO PERJUDICADOS
No solemos pensar de dónde proceden los medicamentos que consumimos habitualmente. Hacemos uso de ellos sin percatarnos de que la gran mayoría provienen de remedios ancestrales ideados y cultivados por pueblos indígenas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el 75 por ciento de los fármacos que se venden en los Estados Unidos tienen como base sustancias naturales procedentes de países de gran diversidad biológica. Este hecho, que podría considerarse positivo, al compartir con el exterior el bien de una comunidad, genera una fuerte polémica al cuestionar la posible falta de ética que conlleva el adueñarse del patrimonio intelectual de toda una colectividad. Es entonces cuando descubrimos el término biopiratería, que define la práctica de empresas y laboratorios que patentan y comercializan cultivos tradicionales, sacando de ellos un fructífero beneficio económico. En opinión de Luís González Reyes, Coordinador de Ecologistas en Acción, “estamos ante un nuevo tipo de colonialismo”, lo que supone “un problema no sólo de justicia económica, sino de justicia social ya que en muchos casos estos recursos comunes acaban convirtiéndose en recursos privados que sirven en vez de para la comunidad, para el lucro de un grupo”. Sin embargo, las voces de alarma que se levantan para frenar este fenómeno hace más de tres décadas parecen haber dado finalmente fruto. Recientemente pudimos saber a través del periódico O Estado de Sᾶo Paulo que el gobierno de Brasil está elaborando un ley para restringir el acceso a la Amazonia, de manera que cualquier visitante deba entregar un permiso oficial para introducirse en la zona. La razón principal es, según el Ministro de Justicia, Tarso Genro, la creciente afluencia de ONGs que acuden a este área de gran riqueza biológica como tapadera para realizar acciones de biopiratería. El sonadísimo caso del frijol Enola tambiém ha sido por fin resuelto. El pasado mes de abril la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos anuló la patente de este producto después de una durísima lucha de más de ocho años por parte de la Organización para la Alimentacición y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) junto con asociaciones contra la biopiratería . Esta controversia comenzó cuando Larry Proctor, propietario de la empresa POD-NERS, compró en 1994 un paquete de semillas comerciales de Méjico y se las llevó a Estados Unidos. En su granja de Colorado plantó las semillas y las dejó autofencundarse. Fue entonces cuando patentó el resultado, una población de frijoles amarillos que posteriormente han comprobado ser “genéticamente idéntica a la variedad mejicana de la leguminosa”. El caso es que durante este tiempo los agricultores mejicanos fueron perseguidos y sus semillas, las verdaderas variantes del frijol mejicano que llevan cultivando durante generaciones, fueron retenidas en la frontera de Estados Unidos, ya que Proctor les acusó de violar su patente. Ahora la resolución ha dado la razón a los mejicanos, sin embargo, el grupo ETC, que lleva luchando contra el caso Proctor desde sus inicios, considera haber conseguido una “victoria hueca”, ya que “las leyes de patentes no prevén en ningún caso mecanismo para compensar a los campesinos y pueblos indígenas que son víctimas de los abusos cometidos”.
Y es que las asociaciones en defensa de la biodiversidad indígena consideran que los daños de la biopiratería afectan a su patrimonio intelectual y cultural, a la conservación de su habitat, y suponen una grave injusticia social. Naciones Unidas calcula que las farmacéuticas ganan al año unos 12.000 millones de euros sin que nada llegue a sus países de origen. Esto supone “un beneficio increíble por parte de las multinacionales farmacéuticas” según Ecologistas en Acción, ya que el porcentaje que se llevan los agricultores tradicionales por sus propios productos es ínfino, acaparando los grandes grupos más del 90 por ciento. Este es el caso del Harpadol o “Garra del Diablo”, planta tradicional de Namibia, Sudáfrica y Botswana, de la que sólo el 0,06 % de los ingresos van a los campesinos. Empresas de Corea del Sur, Alemania y EEUU reclaman los derechos de propiedad. La Uña de Gato, liana de la Amazonía, usada tradicionalmente contra artritis, reumatismos y diabetes, actualmente es comercializada por Liofilizadora del Pacífico. La empresa prevé dar a la comunidad indígena Ashaninkas tan sólo el 0,2% de los ingresos, como pago del trabajo hecho por el cultivo de las plantas y no por el conocimiento aportado.
Diferentes legislaciones contemplan este conflicto de intereses. Destaca por encima de todas el Convenio dobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, que “establece los derechos soberanos nacionales sobre los recursos biológicos y compromete a los países miembros a conservarlos, a desarrollarlos para la sostenibilidad y a compartir los beneficios resultantes del uso”. Según el profesor especializado en propiedad intelectual, Michael A. Gollin, para garantizar un acceso y distribución de beneficios justo, se pone en práctica el “consentimiento informado”, de forma que “el país que provee acceso a sus recursos genéticos sepa por adelantado lo que se piensa hacer con el recurso y qué beneficios serán compartidos”. Por otro lado, “ a través de las leyes de biodiversidad y de otras leyes y reguladoras relacionadas, los países han comenzado a ejercer sus derechos soberanos sobre los recursos biológicos”, tal y como establece el CDB. Además, muchas instituciones y organizaciones profesionales han decidido implementar políticas de autorregulación profesional sobre la investigación en productos naturales, con estatus casi legal o contractual. Sin embargo, esta legislación no es suficiente para frenar un fenómeno que parece escaparse de las manos. El caso es que nos encontramos con una problemática difícil de frenar, debido al la dudosa condición de las patentes. Según el Trabajo Especial Biopiretería en Plantas realizado por la Universidad de Oriente deVenezuela, “Una patente es un derecho monopólico, concedido por un tiempo determinado a un inventor” que suele extenderse durante un periodo máximo de veinte años. “El objeto de la patente debe ser nuevo, útil, y no ser simplemente un descubrimiento de un fenómeno preexistente que ocurre naturalmente”. Estos preceptos, en principio fáciles de interpretar, han sido cuestionados por la industrial biotecnológica, que ha realizado esfuerzos para extender los límites de las leyes existentes, de forma que un producto procedente de la naturaleza pueda ser patentado si ha sido genéticamente modificado. Una condición que premia la creatividad científica, pero que según el estudio, “falla en otorgar recompensas al conocimiento tradicional de los pueblos, sobre la cual muchas veces se basa la innovación”. De esta manera, los propietarios del patrimonio natural, en su mayoría campesinos del tercer mundo, pierden por completo el poder sobre un recurso que fue suyo originariamente. En esta línea ha surgido recientemente el concepto copyleft, que a diferencia del copyright, aboga por declarar derechos de propiedad intelectual comunitarios, en vez de individuales, “de forma que lo que tengamos que proteger sea el conocimiento, pero no para privatizarlo, sino para que este sea accesible a distintas sociedaddes a nivel internacional”, según señala el portavoz de Ecologistas en Acción. A esta iniciativa se suman otras lideradas por un gran nuevo de asociaciones civiles en países como Perú, Méjico o Guatemala, que luchan por los derechos de campesinos que “paradógicamente acaban pagando en muchas ocasiones por la utilización de un producto que es suyo”. A tal respecto, la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de Buenos Aires expone su concepto de “Soberanía Alimentaria”, propuesto por primera vez por la Vía Campesina en 1996 en una cumbre de la FAO en Roma y que lleva desarrollándose desde entonces con la colaboración de organizaciones campesinas y organismos internacionales. La Soberanía Alimentaria consiste en “un modelo de desarrollo rural endógamo basado en la economía familiar campesina, orientada a la producción diversificada para el autoconsumo y el abastecimiento de los mercados locales, con precios justos en relación a los costes de producción.” Con este proyecto se pretende ganar terreno a la industria imperante que manejan las grandes empresas transnacionales, caracterizada por un modelo de desarrollo rural neoliberal, orientado a la exportación. Todas estas iniciativas no son más que el comienzo de una larga carrera que ha comenzado a dar resultados, pero por la que todavía queda un largo camino.
LOS CASOS MÁS SONADOS
Varias organizaciones en contra de la biopiratería han señalado con el dedo a los mayores culpables de este fenómeno. Los premios “Capitan Hook”, concedidos por la Coalición en contra de la Biopiratería, con sede en Canadá, son claro ejemplo de esta nueva modalidad de denuncia, al poner en entredicho la labor de diferentes empresas y organizaciones que amenazan la supervivencia de la biodiversidad. Destaca en la edición 2008, celebrada el pasado mes de marzo, el galardón titulado “La amenaza más grande a la privacidad genética” que recayó en el portal de internet Google, por crear una base de datos en línea para poder buscar todos los genes del planeta. Por su parte, el grupo ETC denunció en su informe Plant Breeders Wrongs 147 actos de biopiratería institucional.
El caso del árbol neem destaca como un claro ejemplo de esta actividad. El neen ha sido empleado como pesticida y fungicida durante siglos en la India. El aceite extraído de sus semillas se emplea en lámparas, cuyos residuos se usan como alimento para aves y otros animales, y sus frutos se utilizan para obtener metano. Además el árbol contiene un número de compuestos con propiedades medicinales e industriales y un poderoso insecticida, efectivo contra más de 200 especies de insectos. Todas estas propiedades han sido aprovechadas tradicionalmente en la India, pero nunca habían sido patentadas hasta que fueron solicitadas dichas patentes por corporaciones transnacionales, siendo concedidas 90 a nivel mundial. De esta manera, las comunidades locales de la India vieron restringido su acceso debido al aumento de los precios del mercado. Una de estas patentes, la concedida a una multinacional agroquímica colaboradora del gobierno estadounidense, que utilizó la semilla como control de hongos en plantas, fue revocada en el año 2000, ya que no suponía ninguna novedad sobre el uso tradicional que le habían dado en su lugar de origen. En el caso de la maca, actualmente conocida como “viagra natural”, las empresas que la patentaron tampoco inventaron nada, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. La maca, planta fundamental en la dieta y la farmacología peruana por su eficacia para favorecer la fertibilidad y evitar disfunciones sexuales, ha sido recientemente sujeto de gran número de solicitudes de patentes por parte de los grandes consorcios farmacéuticos. Otros productos tradicionales que han sido objeto durante los últimos años de acciones de biopiratería son el arroz basmati procedente del sudeste asiático, la quina boliviana o la yahuasca amazónica.
EUROPA CONTRA LA BIOPIRATERÍA
Europa apoya la reivindicación de los representantes de las poblaciones indígenas contra la biopiratería a través de su compromiso con el Convenio de la Diversidad Biológica, firmado y ratificado en 1993 por casi 200 países, entre los que se encuentra España. Este tratado lucha año a año por buscar soluciones contra la amenaza que supone la extición de la diversidad biológica. En 2006 se celebró la Octava Conferencia de las Partes del CDB (COP8) en la ciudad brasileña de Curitiba. En ella, la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva, pidió una ley específica contra la piratería. El objetivo es desarrollar una norma internacional antes de 2010 que controle el origen, acceso y utilización de los recursos genéticos de un país, exigiendo un certificado de origen de los recursos genéticos procedentes de las plantas, animales y microorganismos que se exploten. Sin embargo, Australia, Nueva Zelanda y Canadá impidieron que se establecieran plazos firmes para las negociaciones, lo que sumado a la negativa de Estados Unidos a ratificar el convenio, supone una nueva fuente de conflicto. En opinión de Greenpeace “lo único que se consigue con esto es que las empresas farmacéuticas y de biotecnología ganen tiempo para asegurar sus patentes sobre la vida bajo el régimen de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”. La próxima cita para tratar el asunto será en Bonn, Alemania, este mes de mayo, donde se celebrará la Novena Reunión de las Partes de la CBD. Veremos los resultados.
BIOPIRATERÍA EN CIFRAS
300 millones de personas constituyen la población indígena de todo el mundo. Más de 40 millones están ubicados el Latinoamérica, lo que supone el 9 por ciento de la población total. Los pueblos indígenas juegan un importante papel como guardianes de los espacios naturales del planeta, ya que detentan más del 90 por ciento de la diversidad biológica del mundo.
800 millones de euros son aproximadamente las pérdidas anuales que supone la biopiratería sólo en los países amazónicos, un área que limita con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
100.000 ONGs operan actualmente en zonas de gran riqueza natural, entre ellas la Amazonia, donde debido a la posible actuación poco ética de estas organizaciones se está proyectando la restricción de accesos.
Y es que las asociaciones en defensa de la biodiversidad indígena consideran que los daños de la biopiratería afectan a su patrimonio intelectual y cultural, a la conservación de su habitat, y suponen una grave injusticia social. Naciones Unidas calcula que las farmacéuticas ganan al año unos 12.000 millones de euros sin que nada llegue a sus países de origen. Esto supone “un beneficio increíble por parte de las multinacionales farmacéuticas” según Ecologistas en Acción, ya que el porcentaje que se llevan los agricultores tradicionales por sus propios productos es ínfino, acaparando los grandes grupos más del 90 por ciento. Este es el caso del Harpadol o “Garra del Diablo”, planta tradicional de Namibia, Sudáfrica y Botswana, de la que sólo el 0,06 % de los ingresos van a los campesinos. Empresas de Corea del Sur, Alemania y EEUU reclaman los derechos de propiedad. La Uña de Gato, liana de la Amazonía, usada tradicionalmente contra artritis, reumatismos y diabetes, actualmente es comercializada por Liofilizadora del Pacífico. La empresa prevé dar a la comunidad indígena Ashaninkas tan sólo el 0,2% de los ingresos, como pago del trabajo hecho por el cultivo de las plantas y no por el conocimiento aportado.
Diferentes legislaciones contemplan este conflicto de intereses. Destaca por encima de todas el Convenio dobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, que “establece los derechos soberanos nacionales sobre los recursos biológicos y compromete a los países miembros a conservarlos, a desarrollarlos para la sostenibilidad y a compartir los beneficios resultantes del uso”. Según el profesor especializado en propiedad intelectual, Michael A. Gollin, para garantizar un acceso y distribución de beneficios justo, se pone en práctica el “consentimiento informado”, de forma que “el país que provee acceso a sus recursos genéticos sepa por adelantado lo que se piensa hacer con el recurso y qué beneficios serán compartidos”. Por otro lado, “ a través de las leyes de biodiversidad y de otras leyes y reguladoras relacionadas, los países han comenzado a ejercer sus derechos soberanos sobre los recursos biológicos”, tal y como establece el CDB. Además, muchas instituciones y organizaciones profesionales han decidido implementar políticas de autorregulación profesional sobre la investigación en productos naturales, con estatus casi legal o contractual. Sin embargo, esta legislación no es suficiente para frenar un fenómeno que parece escaparse de las manos. El caso es que nos encontramos con una problemática difícil de frenar, debido al la dudosa condición de las patentes. Según el Trabajo Especial Biopiretería en Plantas realizado por la Universidad de Oriente deVenezuela, “Una patente es un derecho monopólico, concedido por un tiempo determinado a un inventor” que suele extenderse durante un periodo máximo de veinte años. “El objeto de la patente debe ser nuevo, útil, y no ser simplemente un descubrimiento de un fenómeno preexistente que ocurre naturalmente”. Estos preceptos, en principio fáciles de interpretar, han sido cuestionados por la industrial biotecnológica, que ha realizado esfuerzos para extender los límites de las leyes existentes, de forma que un producto procedente de la naturaleza pueda ser patentado si ha sido genéticamente modificado. Una condición que premia la creatividad científica, pero que según el estudio, “falla en otorgar recompensas al conocimiento tradicional de los pueblos, sobre la cual muchas veces se basa la innovación”. De esta manera, los propietarios del patrimonio natural, en su mayoría campesinos del tercer mundo, pierden por completo el poder sobre un recurso que fue suyo originariamente. En esta línea ha surgido recientemente el concepto copyleft, que a diferencia del copyright, aboga por declarar derechos de propiedad intelectual comunitarios, en vez de individuales, “de forma que lo que tengamos que proteger sea el conocimiento, pero no para privatizarlo, sino para que este sea accesible a distintas sociedaddes a nivel internacional”, según señala el portavoz de Ecologistas en Acción. A esta iniciativa se suman otras lideradas por un gran nuevo de asociaciones civiles en países como Perú, Méjico o Guatemala, que luchan por los derechos de campesinos que “paradógicamente acaban pagando en muchas ocasiones por la utilización de un producto que es suyo”. A tal respecto, la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de Buenos Aires expone su concepto de “Soberanía Alimentaria”, propuesto por primera vez por la Vía Campesina en 1996 en una cumbre de la FAO en Roma y que lleva desarrollándose desde entonces con la colaboración de organizaciones campesinas y organismos internacionales. La Soberanía Alimentaria consiste en “un modelo de desarrollo rural endógamo basado en la economía familiar campesina, orientada a la producción diversificada para el autoconsumo y el abastecimiento de los mercados locales, con precios justos en relación a los costes de producción.” Con este proyecto se pretende ganar terreno a la industria imperante que manejan las grandes empresas transnacionales, caracterizada por un modelo de desarrollo rural neoliberal, orientado a la exportación. Todas estas iniciativas no son más que el comienzo de una larga carrera que ha comenzado a dar resultados, pero por la que todavía queda un largo camino.
LOS CASOS MÁS SONADOS
Varias organizaciones en contra de la biopiratería han señalado con el dedo a los mayores culpables de este fenómeno. Los premios “Capitan Hook”, concedidos por la Coalición en contra de la Biopiratería, con sede en Canadá, son claro ejemplo de esta nueva modalidad de denuncia, al poner en entredicho la labor de diferentes empresas y organizaciones que amenazan la supervivencia de la biodiversidad. Destaca en la edición 2008, celebrada el pasado mes de marzo, el galardón titulado “La amenaza más grande a la privacidad genética” que recayó en el portal de internet Google, por crear una base de datos en línea para poder buscar todos los genes del planeta. Por su parte, el grupo ETC denunció en su informe Plant Breeders Wrongs 147 actos de biopiratería institucional.
El caso del árbol neem destaca como un claro ejemplo de esta actividad. El neen ha sido empleado como pesticida y fungicida durante siglos en la India. El aceite extraído de sus semillas se emplea en lámparas, cuyos residuos se usan como alimento para aves y otros animales, y sus frutos se utilizan para obtener metano. Además el árbol contiene un número de compuestos con propiedades medicinales e industriales y un poderoso insecticida, efectivo contra más de 200 especies de insectos. Todas estas propiedades han sido aprovechadas tradicionalmente en la India, pero nunca habían sido patentadas hasta que fueron solicitadas dichas patentes por corporaciones transnacionales, siendo concedidas 90 a nivel mundial. De esta manera, las comunidades locales de la India vieron restringido su acceso debido al aumento de los precios del mercado. Una de estas patentes, la concedida a una multinacional agroquímica colaboradora del gobierno estadounidense, que utilizó la semilla como control de hongos en plantas, fue revocada en el año 2000, ya que no suponía ninguna novedad sobre el uso tradicional que le habían dado en su lugar de origen. En el caso de la maca, actualmente conocida como “viagra natural”, las empresas que la patentaron tampoco inventaron nada, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. La maca, planta fundamental en la dieta y la farmacología peruana por su eficacia para favorecer la fertibilidad y evitar disfunciones sexuales, ha sido recientemente sujeto de gran número de solicitudes de patentes por parte de los grandes consorcios farmacéuticos. Otros productos tradicionales que han sido objeto durante los últimos años de acciones de biopiratería son el arroz basmati procedente del sudeste asiático, la quina boliviana o la yahuasca amazónica.
EUROPA CONTRA LA BIOPIRATERÍA
Europa apoya la reivindicación de los representantes de las poblaciones indígenas contra la biopiratería a través de su compromiso con el Convenio de la Diversidad Biológica, firmado y ratificado en 1993 por casi 200 países, entre los que se encuentra España. Este tratado lucha año a año por buscar soluciones contra la amenaza que supone la extición de la diversidad biológica. En 2006 se celebró la Octava Conferencia de las Partes del CDB (COP8) en la ciudad brasileña de Curitiba. En ella, la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva, pidió una ley específica contra la piratería. El objetivo es desarrollar una norma internacional antes de 2010 que controle el origen, acceso y utilización de los recursos genéticos de un país, exigiendo un certificado de origen de los recursos genéticos procedentes de las plantas, animales y microorganismos que se exploten. Sin embargo, Australia, Nueva Zelanda y Canadá impidieron que se establecieran plazos firmes para las negociaciones, lo que sumado a la negativa de Estados Unidos a ratificar el convenio, supone una nueva fuente de conflicto. En opinión de Greenpeace “lo único que se consigue con esto es que las empresas farmacéuticas y de biotecnología ganen tiempo para asegurar sus patentes sobre la vida bajo el régimen de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”. La próxima cita para tratar el asunto será en Bonn, Alemania, este mes de mayo, donde se celebrará la Novena Reunión de las Partes de la CBD. Veremos los resultados.
BIOPIRATERÍA EN CIFRAS
300 millones de personas constituyen la población indígena de todo el mundo. Más de 40 millones están ubicados el Latinoamérica, lo que supone el 9 por ciento de la población total. Los pueblos indígenas juegan un importante papel como guardianes de los espacios naturales del planeta, ya que detentan más del 90 por ciento de la diversidad biológica del mundo.
800 millones de euros son aproximadamente las pérdidas anuales que supone la biopiratería sólo en los países amazónicos, un área que limita con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
100.000 ONGs operan actualmente en zonas de gran riqueza natural, entre ellas la Amazonia, donde debido a la posible actuación poco ética de estas organizaciones se está proyectando la restricción de accesos.
[Publicado en La Clave, nº 370, 16-22 de mayo de 2008]
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